Los Ángeles, California — La tensión entre el gobierno estatal de California y la administración federal de Donald Trump alcanzó un nuevo nivel. El martes, el estado pidió a la justicia bloquear de forma urgente el despliegue de miles de militares ordenado por el presidente republicano en medio de protestas contra redadas migratorias.
El gobernador Gavin Newsom fue tajante:
“Enviar combatientes de guerra a las calles no tiene precedentes y amenaza los fundamentos de nuestra democracia”.
Las protestas comenzaron el viernes pasado, luego de una serie de redadas migratorias ejecutadas en diferentes puntos de la ciudad. Aunque la mayoría de las manifestaciones han sido pacíficas, se reportaron algunos actos de vandalismo en tiendas y vehículos.
Pese a que las autoridades locales aseguraron que la situación estaba bajo control, Trump ordenó el envío de 4,000 efectivos de la Guardia Nacional y 700 marines a Los Ángeles, lo que encendió aún más los ánimos entre manifestantes, líderes locales y defensores de derechos humanos.
En una demanda presentada por el estado, se acusa al presidente y al secretario de Defensa, Peter Hegseth, de intentar militarizar las calles sin una justificación real:
“No hay invasión ni rebelión en Los Ángeles; hay disturbios civiles que no difieren de los episodios que se producen regularmente en comunidades de todo el país”, señala el documento firmado por Newsom y la Fiscalía de California.
El gobierno estatal insiste en que el despliegue de tropas es innecesario, excesivo y representa una amenaza directa a la autonomía estatal y a los derechos civiles de los ciudadanos. Las imágenes de soldados patrullando zonas céntricas de Los Ángeles, incluso cerca de barrios migrantes, han circulado en redes sociales generando preocupación e indignación.
Desde la Casa Blanca, el argumento es que las redadas forman parte de la seguridad nacional, y que el uso de las fuerzas armadas responde a una «crisis» que, según Trump, amerita acciones extraordinarias.
Este nuevo choque entre California y el gobierno federal refleja una división política cada vez más marcada en Estados Unidos. Para muchos, lo que está en juego no solo es la forma en que se manejan las protestas o las políticas migratorias, sino el equilibrio entre el poder estatal y federal, y los límites del uso de fuerza militar en suelo estadounidense.
